El debate acerca de los alcances políticos del acuerdo al que llegaron el gobierno y parlamentarios opositores, mediado por el ofrecimiento de cuantiosos recursos para los municipios (105 mil millones de pesos), ha nublado la discusión sobre el significado que esta nueva reforma puede tener para la educación pública. Lo cierto es que se trata de una iniciativa de ley que deja a algunos contentos y a otros insatisfechos.
Como es obvio, entre los primeros está el Gobierno, quien ha destacado los aportes extraordinarios a los municipios para incentivar el retiro de 13.000 docentes, la flexibilización de los
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